Se trata del exjefe de Servicios Generales y Mantenimiento, Hasta el 2027 no podrá ejercer la función pública por declaraciones falsas que causaron perjuicio a la entidad
El Órgano Sancionador de la Contraloría General declaró consentida y en consecuencia firme, la resolución que sanciona con tres años y cuatro meses de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, al exjefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), a habérsele determinado responsabilidad administrativa funcional por la comisión de conducta infractora muy grave.
En su parte considerativa, la resolución N.º 282-2024-CG/OSAN del 17 de mayo de 2024 detalla que el exfuncionario del HRDT no apeló la resolución N.º 212-2024-CG/OSAN del 17 de abril de 2024, que lo inhabilita para ejercer cargo público desde el 10 de mayo de 2024 hasta el 10 de septiembre de 2027, por lo que corresponde declarar el fin del procedimiento sancionador y el archivo definitivo del expediente, conforme lo previsto en la norma.
La responsabilidad administrativa funcional del exfuncionario fue identificada en el Informe de Control Posterior N.º 013-2023-2-3882-SCE del Órgano de Control Institucional (OCI) del HRDT, emitido el 02 de noviembre de 2023 y que evidencia hechos irregulares en la contratación de los servicios de mantenimiento correctivo de equipos electromecánicos del área de lavandería del HRDT, que causaron un perjuicio económico de S/ 80 631.
En ese sentido, el Órgano Sancionador de la Contraloría General determinó que está acreditado que el exfuncionario requirió los servicios de mantenimiento correctivo de una planchadora, dos secadoras y dos lavadoras industriales alegando que estaban inoperativos y con especificaciones técnicas sin descripción detallada y precisa de las actividades que debían realizarse. No obstante, cuando se hizo el requerimiento los bienes estaban operativos.
Asimismo, está acreditado que otorgó la conformidad de los servicios, emitió y suscribió informes mediante los cuales comunicó dicha conformidad y firmó las ordenes de servicio para efectos del pago al proveedor, a pesar de que a la fecha de emisión de todos esos documentos los servicios contratados no estaban culminados, con lo cual se configura la conducta infractora prevista en el numeral 16 del artículo 46 de la Ley N.° 27785 y sus modificatorias.
CIFRAS. Desde que la capacidad sancionadora de la Contraloría General fue restituida, en julio de 2021, trece exfuncionarios y/o exservidores públicos de la región La Libertad han sido inhabilitados para el ejercicio de la función pública, a través de ocho resoluciones. Las sanciones van desde 260 días hasta cinco años por la comisión de conducta infractora grave y muy grave, respectivamente, informó el gerente regional de control Felipe Vegas.
