Las cifras de la Contraloría muestran que la Municipalidad Provincial de Trujillo fue la entidad con el puntaje más alto de corrupción en la región.
En un contexto en el cual distintas entidades públicas en La Libertad han sido acusadas de actos de corrupción, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) reportó que la región perdió S/1,131 millones debido a actos de corrupción e inconducta funcional en el 2023, según datos de la Contraloría General de la República.
Al respecto, Almendra Rodriguez, politóloga e investigadora de REDES, recordó que, según la misma entidad, el costo de los casos de corrupción reportados en el departamento al 2022 pudo cubrir la brecha de pobreza de La Libertad, estimada en un total de S/628 millones. De hecho, esta cifra representa el 55% del costo de la corrupción en la región.
«Los actos de corrupción no solo disminuyen la confianza en las instituciones públicas, sino que también impactan negativamente en la confianza de los agentes económicos, como los inversionistas. En un contexto en el que hemos enfrentado una caída de la inversión privada, es importante generar confianza entre los distintos agentes económicos, además de propiciar un clima de estabilidad política», explicó la especialista de REDES.
Los datos de la Contraloría muestran que la Municipalidad Provincial de Trujillo fue la entidad con el puntaje más alto de corrupción en la región (ver gráfico). Le siguen el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Distrital Víctor Larco Herrera.
De cada S/100, S/13 se pierden por prácticas corruptas
Solo en 2023, el Perú perdió por corrupción más de S/24 mil millones. Esto significa que, de cada S/100 que se gastan en el país, S/13 se pierden por prácticas corruptas. Además, según el último reporte del Barómetro de las Américas (2023), el 87% de peruanos cree que más de la mitad o todos los políticos son corruptos.
En ese contexto, la especialista de REDES sostuvo que urge recuperar la confianza. Para ello, continuó, es necesario reconocer que la corrupción la ha afectado profundamente. Si bien la macrocorrupción (ocasionada por altos funcionarios y con grandes cantidades de dinero) ha perjudicado la confianza durante años, es importante observar que en nuestro país también está presente la microcorrupción, que ocurre en las interacciones cotidianas entre la ciudadanía y los funcionarios públicos. “Según Proética, el 12% de peruanos reconoció haber entregado alguna coima, regalo o pago indebido. La visibilización de estas acciones también es necesaria para la lucha contra la corrupción”, apuntó Rodríguez.
Precisamente, la especialista recordó que se detectaron casos de trabajadores del sector público que aceptaron pagos indebidos por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, se conoció que hubo trabajadores que aceptaron una coima con tal de facilitar una cama UCI a algún familiar. Ello generó desigualdad en el acceso a los servicios que ofrece el Estado y atentó también contra los derechos fundamentales de la persona.
“No hay duda de que combatir la corrupción es un desafío complejo que requiere esfuerzos concertados y coordinados que involucren a las entidades públicas, funcionarios, y a la ciudadanía. Una forma efectiva de combatir la corrupción es a través de la promoción de una educación basada en la ética que permita inculcar tanto a los funcionarios públicos como los ciudadanos el valor de la integridad y la cultura de la transparencia”, concluyó Rodriguez.
